Políticos opositando: ahí los quiero ver. Arturo Pérez Reverte.

 

Lo sugería el ex embajador Paco Vázquez hace unos días, de guasa. Aunque tiene razón: debería ser obligatorio. Como a registrador de la propiedad, pero con temario más amplio. Y quien no llegue, a tomar por saco. Búscate la vida, chaval. O chavala. Recogiendo melones, fregando suelos o podando setos, como la gente que no tiene más remedio; y que, sin embargo, a menudo está mejor preparada. Ignoro si de ese modo iba a resolverse algo, pero introduciría algo de justicia en el putiferio. Sentido común dentro del esperpento nacional. Porque oigan: en España deben hacerse oposiciones para médico de la Seguridad Social, arquitecto municipal, inspector de Hacienda, abogado del Estado, fiscal, juez, o cualquier puesto público. Hasta un profesor de instituto o catedrático de universidad deben hacerlas. Quien pretenda currar en los sectores de la sociedad dedicados a la función pública, debe enfrentarse a unas oposiciones que a veces son de una dureza terrible, en situaciones de extrema competencia y con años de estudio, preparándose. Y sin embargo, el aspecto más decisivo en nuestras vidas, la actividad política que determina el presente y condiciona el futuro, puede caer en manos de cualquiera. A veces, quizás, de individuos excepcionalmente preparados; pero también, y eso ya resulta menos excepcional, de cualquier analfabestia incompetente, varón o hembra, incapaz de articular sujeto, verbo y predicado, cuyo único mérito, o aval, es compartir ideología o intereses -a menudo una y otros van íntimamente relacionados- con un partido político concreto.

Porque echen cuentas, señoras y caballeros. Si no todos los médicos que salen de la facultad superan las pruebas de residente, ni todos los abogados las de juez, por ejemplo; si para conducir un coche hace falta superar un examen teórico, otro práctico y tests psicotécnicos; si tenemos la constancia experimental de que no todos valemos para todo, ni siquiera cuando se trata de gente preparada y con estudios, calculen, entonces, el control de calidad, las Iteuves posteriores y la psicotecnia que pasaría buena parte de las decenas de miles de políticos españoles en activo o en pasivo, algunos de los cuales -conozco a un concejal de cultura en esa situación exacta- no tienen ni acabado el bachillerato. Consideren los que habrían llegado ahí, donde están, medran y trincan, de exigírseles estudios, preparación, controles éticos y formación adecuada. De aplicárseles de un modo práctico, objetivo, antes de ocupar puestos de tanta importancia, tan bien pagados y con tantos privilegios, la idea de los antiguos filósofos griegos de que toda comunidad pública debe ser gobernada por los mejores. Y de establecerse si lo son. O si no lo son.

Eso, naturalmente, incluye a algunos de nuestros sindicalistas, ornatos del telediario. Cuando oigo expresarse a los más conspicuos, o los veo pasear la pancarta queriendo ponerse al frente de ciudadanos honrados que no sé cómo los toleran, con sus antecedentes, pienso que todo aspirante a líder sindical debería probar antes su conocimiento histórico de la lucha de clases y su capacidad oratoria para convencer al trabajador de que es necesario dedicar parte del sueldo -y no de subvenciones estatales embolsadas por la cara- a mantener una institución sindical imprescindible para la sociedad, cuyo único fin es defenderlo de las agresiones de empresarios y políticos. Y si, por reparto de pastel, ese mismo sindicalista puede acabar en el consejo de administración de una caja de ahorros -que tiene pelotas la cosa-, tampoco estaría de más que se le examinara antes de las cuatro reglas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Como mínimo.

Así que, oigan. Puestos a suponer gente pública idónea, España decente, mundos felices donde comer perdices, permítanme imaginar una actividad política regida por el sentido común. O sea: militantes de partidos colaborando, faltaría más, en cuanto haga falta. Según su ideología, interés y conciencia; allá cada cual. Sin embargo, cualquiera que aspirase a figurar en una lista elegible por los ciudadanos, tendría que hacer antes unas oposiciones en las que se le examinase de cultura general como trámite previo. Y luego, según las especializaciones a las que aspirase -ministro de Trabajo, presidente de Gobierno y tonterías así-, de economía, derecho, política internacional, historia de España y ética, por ejemplo; aunque temo que aprobar ética muchos lo tendrían peliagudo. Y por supuesto, idiomas: inglés, un poco de francés, alemán. A no pocos de ahora -muchos impresentables de ambos sexos lo demuestran en cuanto abren la boca en el Parlamento- ni siquiera se les exige hablar bien el castellano.


¿Y dónde hay que firmar?