Lo sugería el ex embajador Paco Vázquez hace unos días, de
guasa. Aunque tiene razón: debería ser obligatorio. Como a registrador de la
propiedad, pero con temario más amplio. Y quien no llegue, a tomar por saco.
Búscate la vida, chaval. O chavala. Recogiendo melones, fregando suelos o
podando setos, como la gente que no tiene más remedio; y que, sin embargo, a
menudo está mejor preparada. Ignoro si de ese modo iba a resolverse algo, pero
introduciría algo de justicia en el putiferio. Sentido común dentro del
esperpento nacional. Porque oigan: en España deben hacerse oposiciones para
médico de la Seguridad Social, arquitecto municipal, inspector de Hacienda,
abogado del Estado, fiscal, juez, o cualquier puesto público. Hasta un profesor
de instituto o catedrático de universidad deben hacerlas. Quien pretenda currar
en los sectores de la sociedad dedicados a la función pública, debe enfrentarse
a unas oposiciones que a veces son de una dureza terrible, en situaciones de
extrema competencia y con años de estudio, preparándose. Y sin embargo, el
aspecto más decisivo en nuestras vidas, la actividad política que determina el
presente y condiciona el futuro, puede caer en manos de cualquiera. A veces,
quizás, de individuos excepcionalmente preparados; pero también, y eso ya
resulta menos excepcional, de cualquier analfabestia incompetente, varón o
hembra, incapaz de articular sujeto, verbo y predicado, cuyo único mérito, o
aval, es compartir ideología o intereses -a menudo una y otros van íntimamente
relacionados- con un partido político concreto.
Porque echen cuentas, señoras y caballeros. Si no todos los
médicos que salen de la facultad superan las pruebas de residente, ni todos los
abogados las de juez, por ejemplo; si para conducir un coche hace falta superar
un examen teórico, otro práctico y tests psicotécnicos; si tenemos la
constancia experimental de que no todos valemos para todo, ni siquiera cuando
se trata de gente preparada y con estudios, calculen, entonces, el control de
calidad, las Iteuves posteriores y la psicotecnia que pasaría buena parte de
las decenas de miles de políticos españoles en activo o en pasivo, algunos de
los cuales -conozco a un concejal de cultura en esa situación exacta- no tienen
ni acabado el bachillerato. Consideren los que habrían llegado ahí, donde
están, medran y trincan, de exigírseles estudios, preparación, controles éticos
y formación adecuada. De aplicárseles de un modo práctico, objetivo, antes de
ocupar puestos de tanta importancia, tan bien pagados y con tantos privilegios,
la idea de los antiguos filósofos griegos de que toda comunidad pública debe
ser gobernada por los mejores. Y de establecerse si lo son. O si no lo son.
Eso, naturalmente, incluye a algunos de nuestros
sindicalistas, ornatos del telediario. Cuando oigo expresarse a los más
conspicuos, o los veo pasear la pancarta queriendo ponerse al frente de
ciudadanos honrados que no sé cómo los toleran, con sus antecedentes, pienso
que todo aspirante a líder sindical debería probar antes su conocimiento
histórico de la lucha de clases y su capacidad oratoria para convencer al
trabajador de que es necesario dedicar parte del sueldo -y no de subvenciones
estatales embolsadas por la cara- a mantener una institución sindical
imprescindible para la sociedad, cuyo único fin es defenderlo de las agresiones
de empresarios y políticos. Y si, por reparto de pastel, ese mismo sindicalista
puede acabar en el consejo de administración de una caja de ahorros -que tiene
pelotas la cosa-, tampoco estaría de más que se le examinara antes de las
cuatro reglas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Como mínimo.
Así que, oigan. Puestos a suponer gente pública
idónea, España decente, mundos felices donde comer perdices, permítanme
imaginar una actividad política regida por el sentido común. O sea: militantes
de partidos colaborando, faltaría más, en cuanto haga falta. Según su
ideología, interés y conciencia; allá cada cual. Sin embargo, cualquiera que
aspirase a figurar en una lista elegible por los ciudadanos, tendría que hacer
antes unas oposiciones en las que se le examinase de cultura general como
trámite previo. Y luego, según las especializaciones a las que aspirase
-ministro de Trabajo, presidente de Gobierno y tonterías así-, de economía,
derecho, política internacional, historia de España y ética, por ejemplo;
aunque temo que aprobar ética muchos lo tendrían peliagudo. Y por supuesto,
idiomas: inglés, un poco de francés, alemán. A no pocos de ahora -muchos
impresentables de ambos sexos lo demuestran en cuanto abren la boca en el Parlamento-
ni siquiera se les exige hablar bien el castellano.
¿Y dónde hay que firmar?